Por: Lila E. Silgado Villadiego
Siempre he pensado que ningún ser humano, independientemente de su procedencia, género, religión, inclinación política o ideología, debe ser perseguido por sus ideas, porque precisamente las discusiones deben darse en el campo de los argumentos, del debate sano, de la construcción y no de las armas ni de silenciar a los que piensan diferente.
Cada vez que llega el 9 de abril, día en el que en Colombia conmemoramos el Día Nacional de la Memoria y Solidaridad con las Víctimas del Conflicto Armado, me invade una gran nostalgia de país y siento que todos los colombianos deberíamos vestirnos de luto cerrado en esta fecha. Imagino a mis abuelos, a mis tías, a sus vecinos, a los abuelos de otros, a sus tíos, padres y vecinos, todos ellos campesinos que labraron la tierra y quienes de alguna forma tuvieron que auxiliar a los militares o a otros bandos para conservar sus vidas y aquellas propiedades en las que habían sembrado sus sueños; imagino a quienes abandonaron sus casas y sus tierras con lo que llevaban puesto para mantenerse a salvo, con una frase en mente, que repetían como un mantra mientras avanzaban hacia destinos desconocidos y ciudades hostiles: “mientras haya vida, hay esperanza”.
También imagino a las familias que perdieron hijos ya sea en el ejército o en grupos armados ilegales y que vieron segadas sus posibilidades de futuro; imagino a quienes dieron su vida por defender sus derechos -como en el nefasto capítulo de la masacre de las bananeras y otros similares-, o luchando por ideales que no eran los suyos, y a muchos inocentes que han perdido la vida en masacres absurdas de lugares que se han hecho tristemente célebres por esos acontecimientos: El Aro, Tacueyó, la Mejor Esquina, Apartadó…; cómo no pensar en las 6.402 víctimas de ejecuciones extrajudiciales o en las de la Comuna 13, que fueron dejadas a su suerte en la Escombrera; recuerdo la zozobra del 7 de noviembre de 1985, día de la toma del Palacio de Justicia, cuando esperábamos a mi mamá, que trabajaba en el Senado, y la alegría que sentimos cuando al fin la vimos cruzar la puerta café de la casa en la que vivíamos en esa época; aún así me invade la tristeza por quienes no regresaron con los suyos; me duelen casos como el genocidio de la UP -por el que el Estado tuvo que pedir perdón- y los magnicidios de grandes líderes políticos, incluso, la muerte de Diana Turbay y la reciente de su hijo Miguel Uribe Turbay (en este caso me niego a creer en la predestinación).
Esta reflexión ronda en mi cabeza cada año, en esta fecha. Hoy reconozco a quienes siguen trabajando por cuidar la memoria, por generar espacios de reconciliación, por las “cuchas”, que no desistieron, tuvieron la razón y supieron qué pasó con sus hijos y seres queridos.
Espero que algún día como país y con todas las partes sumando: Estado, empresas, sociedad civil y los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, seamos conscientes de que tenemos más puntos en común que lo que nos separa, de que los conflictos -porque no se puede hablar de uno solo- no permiten que la balanza se incline hacia la equidad, que necesitamos a Colombia en paz, con oportunidades para todos -salud, educación, techo, comida, empleo, propiedades, cultura- y que cada persona pueda crear y transformar su realidad y tener una vida próspera. ¿Será mucho pedir?
Como cierre, les invito a leer la crónica que hice sobre el Acto Público de Reconocimiento de Responsabilidad del Estado Colombiano frente a las víctimas de la UP, en el marco de la agenda cultural paralela a la cumbre Celac – UE, en noviembre pasado, en Santa Marta.